Docentes y graduados universitarios lograron frenar el proyecto del Diputado Nacional Juan Carlos Scalesi para designar Mayor Notable a Rodolfo Casamiquela.
Nuestra compañera docente Graciela Suárez fundamentó el rechazo y obtuvo el apoyo de docentes e investigadores que sufrieron la persecución ideológica que Casamiquela llevó adelante al estar a cargo, a partir de 1977, del Centro de Investigaciones Científicas de la provincia de Río Negro.
La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados ha notificado que la nominación no prosperó dado que “algunos diputados retiraron su aval al conocer el contenido de la nota enviada”.
Recordemos un párrafo de esa nota:
“A comienzos de 1977 Casamiquela fue designado Director del Centro de Investigaciones Científicas de la Provincia de Río Negro (CIC) por decreto 40/1977 y a partir de su asunción se inició una persecución que afectó a gran parte del personal que integraba el plantel de esa institución, persecución que se sostenía en acusaciones sobre actuaciones y actitudes políticas/sociales de ese personal durante los años previos al golpe militar. Se imagina usted el riesgo que significó para la vida de estas personas las informaciones suministradas por este señor Casamiquela a sus superiores militares en momentos en que la represión estaba actuando con mayor ferocidad. Es evidente que algún día deberíamos estudiar y esclarecer la acción de estos civiles que no escatimaron medios ni evaluaron consecuencias con tal de saldar cuentas con quienes habían tenido en el pasado posiciones distintas a las suyas.Como resultado de esta persecución aparecieron decretos, como el Nº 74/1977 dando de baja a parte del personal, de los cuales me voy a referir a algunos, como Manlio Gioscio (quien posteriormente se verá afectado por una depresión que años después lo llevará al suicidio), Miguel H. González, Elda M.de Chevez todos profesionales muy jerarquizados del Sector Social ubicado en General Roca del Centro de Investigaciones Científicas (CIC) y autores de trabajos muy importantes para la época, quienes junto con el personal administrativo de ese sector son dados de baja “por razones de servicio”.En ese mismo decreto también figuran Edmundo Sustaita y Luis Moschin, también profesionales muy capacitados y autores de publicaciones de relevancia, pertenecientes al Sector Social Bariloche del CIC, quienes son dados de baja junto con el personal administrativo. A ello se le debe sumar la arqueóloga Gloria Arrigoni, cuya baja luego se convirtió en renuncia forzada.Esto se completa con el decreto 75/1977 que da por finalizado la jornalización de numerosos agentes (profesionales y administrativos) que se desempeñaban en distintos sectores del CIC desde hacía varios años atrás.También hubo otros casos de persecución que tuvieron una resolución menos grave que la anterior, pues el castigo se concretó en el traslado y la adscripción a otras instituciones como el caso de Silvia Pappatico, Ana Balda y el mío (Resolución 285/1977).”
